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Establecido por Ley del 18 de octubre de 1883, cumple con las atribuciones específicas de recibir, custodiar, preservar y hacer accesibles los recursos docu­mentales correspondientes a las instituciones del Estado con jurisdicción nacional y, subsidiariamente, a los del sector privado que voluntariamente remitan su documentación al ABNB para su custodia permanente o eventual.

El Presidente Constitucional de Bolivia, Narciso Campero, sancionó la Ley de 18 de octubre de 1883 señalando oportunamente, cuando la guerra con Chile era todavía una amarga realidad para el país, que al conjunto de documentos republicanos que iban a formar el Archivo Nacional de Bolivia, debían incorporarse los manuscritos de la antigua Audiencia de Charcas. Este poder audiencial erigido en La Plata (hoy Sucre) en 1561 -con dependencia primero del Virreinato del Perú y a partir de 1776 del Virreinato del Río de La Plata hasta 1810, fecha en que fue reincorporada nuevamente al virreinato del Perú- tuvo una jurisdicción, que abarcó durante aproximadamente tres siglos, am­plios ámbitos geográficos de la América meridional que hoy forman parte de los países limítrofes de Bolivia (Argentina, Chile, Perú y Paraguay). De la im­portancia económica, social y política que vivieron estas poblaciones -funda­mentalmente en torno a la minería de Potosí- dan cuenta en abundancia los ri­cos legajos que actualmente se conservan en el ANB.

La tardía pero oportuna transferencia de los fondos coloniales al Archivo Nacional de Bolivia, después de más de medio siglo de la creación de la Re­pública, tuvo mucho que ver, sin duda, con la difícil situación en que se hallaba el patrimonio documental boliviano, el cual, según el testimonio de Gabriel René Moreno, estaba expuesto por entonces a no pocos destrozos incontrolados. Esta masiva destrucción de los documentos, coloniales y republicanos (según Gunnar Mendoza se habría destruido aproximadamente un 85% de la docu­mentación colonial y hasta un 60% de la documentación republicana) ocasiona­da en parte por la acción devastadora de los ancucus (caramelos de miel con maní envueltos en documentos), de las polillas, el moho y los incendios, era producto también, en gran medida, de la acción depredadora de las mismas entidades estatales, en cuya permanente inestabilidad no fue raro que los do­cumentos fueran irremediablemente descuidados, como sucede en gran medida todavía en la actualidad.

Antes de la creación del Archivo Nacional de Bolivia, Gabriel René-Moreno fue quien precisamente llevó a cabo en Sucre un primer intento de salvataje de los archivos, cuando “en mantas” trasladó de varios depósitos de la ciudad de Sucre a la Biblioteca Nacional de Bolivia (conocida como Biblioteca Pú­blica) parte del importante legado documental de la Audiencia de Charcas.

A este cúmulo de manuscritos concentrados en Charcas se sumaron, como ya se ha señalado, las copiosas masas documentales de la administración esta­tal boliviana relativa a los siglos XIX y parte reducida del XX. Con el paso del tiempo, este rico acervo documental colonial y republicano ha sido incrementa­do en diversas épocas, con el aporte de los coleccionistas privados más desco­llantes del país, como fueron Ernesto Otto Rück y Gabriel René-Moreno.